La Inspección General de Justicia publicó la Resolución General 3/2026, mediante la cual introduce modificaciones relevantes al régimen previsto en la RG IGJ 15/2024, en línea con una política de simplificación administrativa y reducción de cargas regulatorias.
Más allá de las reformas puntuales, uno de los aspectos más interesantes surge de los propios considerandos de la norma: la IGJ explicita un cambio de enfoque regulatorio, señalando que la eliminación o flexibilización de requisitos responde a la verificación de que determinadas exigencias “no cumplen ninguna función útil de tutela” o generan costos desproporcionados frente al beneficio que aportan.
En ese marco, la resolución incorpora diversas medidas tendientes a agilizar trámites y otorgar mayor previsibilidad al procedimiento registral, entre las que se destacan:
- la incorporación de mecanismos expresos frente a observaciones contradictorias o demoras injustificadas en los trámites registrales, incluyendo la posibilidad de revisión jerárquica y pronto despacho;
- la flexibilización del régimen de garantía de administradores, ampliando las modalidades admitidas e introduciendo mayores supuestos de simplificación documental;
- la consolidación del criterio favorable a las reuniones a distancia, eliminando exigencias cuando las actas se encuentren suscriptas por la totalidad de los participantes;
- la admisión expresa de firma electrónica o digital para aceptaciones de cargo y constitución de domicilios especiales;
- la flexibilización de requisitos vinculados al tracto registral en designaciones de autoridades; y
- la regulación específica del procedimiento de inscripción de renuncias no tratadas por los órganos sociales.
También resulta relevante que la IGJ reconozca expresamente, en sus considerandos, que simplificar “no es desregular por desregular”, sino eliminar exigencias redundantes sin afectar las garantías sustanciales de socios y terceros.
La RG IGJ 3/2026 constituye así un nuevo paso en el proceso de revisión del régimen registral societario, con un criterio orientado a la desburocratización, digitalización y reducción de costos de cumplimiento para las sociedades y sus administradores.
